España se adelanta a la tributación europea en el impuesto a las tecnológicas.
Tiene previsto gravar los servicios de intermediación, publicidad y venta de datos digitales que se ofrezcan en España aunque las empresas no estén físicamente aquí.
La llamada tasa Google está previsto aprobarla después del verano.
La recaudación prevista se aplicará a empresas que sin estar físicamente en territorio español, ofrezcan sus servicios en España y además, a pesar de que aún está por determinar, los umbrales de facturación global y nacional por lo que estarán obligadas a tributar, será muy inferior al que está barajando actualmente la propia Comunidad Europea. Esta trabaja con valores cercanos a los 750 millones globales y 50 millones en la UE.
Parece que España ha tomado cartas en el asunto, de forma decidida y precisamente en un tema que es global y sensible. Esperemos que con el nuevo gobierno actual siga la misma senda y cumpla con los plazos que estaban establecidos para sacar adelante la ley.
La idea del gobierno es que esta tasa sirva para financiar al menos parcialmente la recién aprobada subida de las pensiones. Todos sabemos que el sistema de pensiones tal como está concebido actualmente es del todo insostenible y que es necesario reformarlo estructuralmente y dotarlo de presupuestos mayores, que sólo pueden provenir de impuestos dedicados a tal fin.